Semana Europea de Movilización 17 al 21 de noviembre 2008

POR LA DEFENSA Y MEJORA DE LA ESCUELA PÚBLICA

En la Enseñanza Pública ya se están viendo con claridad los efectos de la aplicación de la LOE. Constatamos que, desgraciadamente, llevábamos razón cuando durante la tramitación de esta Ley Orgánica de Educación denunciábamos lo que podría suponer su desarrollo: la aplicación de medidas neoliberales en el ámbito educativo buscando la desregulación y la privatización del mismo. La escuela pública, pese a todo y gracias al trabajo de su Profesorado, funciona, y podría funcionar hacer mucho mejor si no tuviera tantas trabas políticas y administrativas y si dispusiera de presupuestos suficientes.

Aunque el sistema educativo español se basa en leyes orgánicas que afectan a todo el Estado, el desarrollo y aplicación de estas leyes puede ser y es diferente en cada una de las nacionalidades y regiones. Pero hay que tener muy claro que toda la legislación autonómica tiene como base la legislación estatal y que determinadas políticas se aplican porque dicha legislación lo permite. Hay una problemática general en todo el Estado y una problemática en cada territorio, existiendo diversos grados de rechazo y movilización en las distintas Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla.

En muchas CCAA se están tomando medidas políticas que no sólo no potencian la escuela pública, sino que la deterioran: aumento de ratios; escolarización de la práctica totalidad del alumnado con necesidades educativas especiales o necesidad de atención específica en el sistema público, todo ello sin medios ni humanos ni materiales; creación de guetos en el sistema educativo público; continuación y aumento de los conciertos y extensión de los mismos al Bachillerato, la Formación Profesional y al tramo 0-3 años, incluyendo a centros que segregan por sexo (incumpliendo en este caso la propia ley y favoreciendo una enseñanza ultra conservadora).

Se privatizan o externalizan servicios de competencia pública (comedores, limpieza, reprografía…), desvinculando al personal responsable de estos servicios de la vida de los centros.

Siguen existiendo aulas públicas en barracones en muchos territorios y no se construyen los centros públicos necesarios. Al mismo tiempo, se aumenta el número de aulas concertadas en los centros privados o/y se regalan terrenos públicos a empresas o entidades privadas para que construyan centros que nacen ya concertados, o para que construyan centros privados-privados de elite.

Se permite a los centros concertados que cobren por reservas de plaza, por actividades que deben ser gratuitas o que se realizan en medio del horario escolar… todo con el fin de seleccionar al alumnado, de alejar a aquellos cuyas familias tienen menor poder adquisitivo. Y lo hacen con conocimiento de las autoridades educativas.

El hecho de no haber sacado la religión fuera de la escuela ha supuesto perder carga horaria en materias troncales para dar cabida a otras asignaturas y así se sigue manteniendo el adoctrinamiento religioso, es decir, la catequesis. Baremar el tiempo trabajado a quienes imparten doctrina católica para el acceso a la función pública -sin tener en cuenta que han sido contratados a dedo, gracias a su religión e incumpliendo, por tanto, los principios constitucionales-está suponiendo el paso de estas personal al funcionariado o a la interinidad de forma ilegal y perjudicando a terceros.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha centrado gran parte de la polémica educativa en los medios de información, al ser utilizada por el PP como arma arrojadiza contra el gobierno, ocultando así otros aspectos de mayor calado. Hay Consejerías que han optado no sólo por no poner cortapisas a esta asignatura, sino por potenciar y permitir a los centros educativos la objeción a la misma, llegando a límites tan rocambolescos como que se imparta en inglés. Otros centros concertados, los más posibilistas, han optado por adaptar la asignatura a su “ideario”, haciendo del horario de la misma un aumento del horario de religión católica, desvirtuando la asignatura y sin que las administraciones educativas tomen medida alguna.

Determinadas administraciones educativas pretenden atajar elfracaso escolar pagando incentivos al Profesorado según el aumento en el porcentaje de alumnado aprobado o retribuyendo como horas extras las clases extras (es decir, la vuelta a las antiguas permanencias). Esto supone introducir criterios de productividad en la enseñanza y poner en tela de juicio la profesionalidad del Profesorado, cuando las administraciones saben que la parte del fracaso escolar achacable a la enseñanza se resuelve entre otras medidas con menores ratios y con profesorado suficiente para atender a la heterogeneidad del alumnado.

Los ataques a la gestión democrática de los centros, con la introducción de unos sistemas de selección de la dirección que les convierte más en gestores de empresas que en personal al frente de un centro educativo, en nada ayudan a que el Profesorado de cada centro se considere parte de un equipo con unos objetivos de trabajo.

Por otro lado, y en ámbito de la negociación de las condiciones de trabajo del Profesorado del conjunto del Estado, queremos recordar que durante la tramitación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ya denunciamos el recorte de derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras, como de la capacidad negociadora de los sindicatos que esta norma implica. Su aplicación nos está trayendo la supresión de ámbitos propios de negociación del Profesorado, tanto a nivel estatal como en algunas comunidades, y nos hace temer que esta realidad se extienda si no somos capaces de reconquistar el derecho a la negociación colectiva con la constitución de la Mesa Sectorial de Educación del Ministerio y de las CCAA en las que no se ha constituido.
La carrera profesional que se quería imponer en el Estatuto del Profesorado, paralizado por el Ministerio de Educación, viene marcada por una competitividad basada en unas evaluaciones poco objetivas realizadas por el equipo directivo y/o por la Inspección, se está implantando en algunas comunidades ante la previsión de que el citado Estatuto quede en nada por la falta de presupuesto del Ministerio para aumentar la cantidad económica de los sexenios.

Las evaluaciones que plantean las administraciones permitirán establecer ránkings, tanto del profesorado como de los centros, y fomentar la competitividad entre éstos y entre los propios docentes de cada centro: se generan así herramientas de control y dominio de las administraciones, ¿ Quién se atreverá a criticar a un Directo o Inspector o Administración que deben evaluarle al día siguiente?

La aplicación de todas estas medidas en diferentes momentos y grados en las distintas CCAA están haciendo de forma que no se visualice la problemática global que padece la enseñanza pública en el conjunto del Estado, lo que hace que en cada territorio se luche por cosas puntuales y perdiendo así la perspectiva del ataque frontal que se está tejiendo en torno a la escuela pública y sus trabajadores/as y que de ningún modo se debe obviar.
Pero todo esto que denunciamos no pasa sólo aquí: en el resto de Europa se están produciendo ataques parecidos a la escuela pública y a su profesorado. Y todo como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales promovidas por la UE, entre otros, que bajo la pretensión de mejorar la administración pública lo que hace es reducirla tanto en número de empleados/as como en presupuesto. Introducir modelos de gestión privada favoreciendo la estructura piramidal y la supeditación al jefe/a inmediato, con modelos de relaciones laborales basados en las adhesiones individuales que debilitan el trabajo colectivo y el sindical.

Sindicatos y organizaciones defensoras de una escuela pública calidad llevamos años intentando coordinar las luchas en el conjunto de Europa y como forma de coordinación hemos lanzado desde el Foro Social Europeo (reunido en Malmö el pasado septiembre) una movilización europea por una escuela pública de calidad.

La movilización por UNA ESCUELA PUBLICA DE CALIDAD se unifica en toda Europa en la semana del 17 al 21 de noviembre, y se continuará a lo largo de todo el curso en los distintos países. Esta movilización se inicia en toda Europa con una movilización de estudiantes por la escuela pública el día 17; en Cataluña, el día 13 hay una jornada de huelga convocada por USTEC-STES y otras organizaciones por la escuela pública y contra la Ley de Educación de Cataluña que se está tramitando.

Dentro del Estado español, los STES-i se movilizarán por:

• La mejora y potenciación de la escuela pública.
• El incremento del PIB destinado a educación, hasta el 7% del PIB.
• La reducción de las ratios.
• La gestión democrática de los centros.
• El derecho a la negociación colectiva del profesorado.
• La mejora de las condiciones de trabajo. Por la cláusula de revisión salarial y la recuperación del poder adquisitivo. La crisis que la paguen los capitalistas.

Y también lo harán contra:

• La introducción de las políticas neoliberales y modelos de gestión privada.
• La evaluación del desempeño y por la acreditación del trabajo realizado.
• La privatización de la enseñanza: contra el aumento de los conciertos en Educación Infantil, Primaria, Bachillerato y FP.
• La religión como materia a impartir en los centros educativos.
• La privatización y externalización de los servicios.

Los STES añadirán a estas reivindicaciones generales las específicas de su territorio a la vez que concretarán en que consistirán las movilizaciones.

La Confederación de STES-i hace un llamamiento público a todas las organizaciones defensoras de la Escuela Pública para realizar de forma unitaria esta semana de movilizaciones por una Escuela Pública de Calidad.